Angola crea comisiones de patrimonio cultural y libertad religiosa

El presidente angoleño, Joao Lourenzo, decretó la creación de dos comisiones multisectoriales, una para la protección del patrimonio cultural y la otra para la libertad religiosa, anunció hoy una fuente oficial.
La Comisión Nacional Multisectorial para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Mundial, con una duración de tres años, tiene como objetivo la propuesta de bienes para su posible elevación a patrimonio cultural de la humanidad, además del acompañamiento de su proceso de candidatura e inscripción.

Hasta ahora, el país africano solo tiene un sitio en la lista de patrimonio, el Centro Histórico de Mbanza Congo, desde julio del año pasado en la lista de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El grupo será coordinado por el vicepresidente Bornito de Sousa y la ministra de Cultura Carolina Cerqueira será la coordinadora adjunta, de acuerdo con un despacho de la Casa Civil del Presidente de la República.

Además, lo integran los ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Administración del Territorio y Reforma del Estado, Turismo, Construcción y Obras Públicas, y de Comunicación Social.

Los de Ordenamiento del Territorio y Vivienda, Ambiente, Pescas y Mar, Educación Superior, y los secretarios del Presidente de la República para Asuntos Sociales, para los Asuntos Regionales y Locales, forman parte de la comisión.

Completan la relación el asesor Económico y Social del vicepresidente, el director general del Instituto Nacional do Patrimonio Cultural y el representante de la Comisión Nacional de la Unesco.

Mientras que la Comisión Interministerial Encargada del Acompañamiento del Ejercicio de la Libertad Religiosa, Creencia y Culto en Angola será coordinada por Cerqueira.

Para el mandatario se necesitan asegurar los derechos, deberes y garantías a los ciudadanos a la par de regularizar los procedimientos para la constitución de confesiones religiosas y sus relaciones con el Estado.

Este último grupo tendrá una vigencia de dos años, y está obligado a remitir informes cada seis meses al jefe de Estado.

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