Expulsados por profesar otra religión en Nuevo Zoquiapan, Oaxaca

La familia Santiago Paredes enfrenta el menosprecio de su comunidad por profesar una religión distinta

A cinco años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo “Días para la Cero Discriminación”, en Oaxaca nadie lo consideró y al contrario, las prácticas de exclusión siguen más vivas que nunca.

La fecha que deberían recordar las instituciones, por la importancia que tiene garantizar a toda persona no sufrir el relego por razones de edad, sexo, estatus económico o diferencias ideológicas, entre otras, lejos de conmemorarse, se enmarca en la denuncia de la familia Santiago Paredes, expulsada de San Matías, Nuevo Zoquiapan, en el distrito de Ixtlán.

Según la solicitud de medida cautelar enviada al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, la familia Santiago Paredes, compuesta por cuatro menores, papá, mamá y abuela, fueron desterrados de su comunidad, destruida su vivienda, robados de sus pertenencias y despojados de su patrimonio, bajo amenazas de muerte.

Al respecto, Andrés Santiago Hernández relata que en 2010 inició el acoso de los pobladores de su localidad, que profesan la religión católica, debido a que él y su familia se convirtieron al cristianismo; señaló que ello, lo llevó a rechazar en 2015 el encargo que las autoridades en turno le otorgaron como presidente de la Comisión de Festejos en Honor al santo que veneran en la población, San Matías Apóstol.

“La población sabe que desde 1999 pertenezco a la Iglesia de Cristo Restaurada del Séptimo Día y que no puedo aceptar dicho cargo, pedí que me cambiaran a otro encargo o incluso pagar a alguien para desempeñar esa tarea, la respuesta fue que si no cumplía me sacarían del pueblo con todo y mi familia”, denunció el afectado.

La amenaza, señala el afectado, fue cumplida luego de muchos abusos, como el de que la autoridad giró oficios a las empresas de transporte público para solicitar que se le negara el servicio, expulsarlos de la asamblea comunal, rescindir sus derechos por completo, encarcelarlo, obligarlo a pagar multas, robarles sus tierras y cosechas, entre muchas otras vejaciones.

“El 21 de octubre del 2017, causaron destrozos en mi casa y perdimos todas nuestras pertenencias porque llegó la autoridad amenazándonos, agrediendo y sacándonos de nuestro pueblo”, afirmó su esposa Rosita Paredes Cuevas.

A poco más de tres meses de la agresión, la familia busca el apoyo de las autoridades a fin de encontrar una alternativa que les permita continuar su vida en la capital, además de que buscan justicia para que se reconstituyan sus derechos y se garantice su seguridad, para que puedan volver a su domicilio en San Matías, Nuevo Zoquiapan.

 

Fuente: NVI Noticias

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